Esta clasificación supondrá una revolución legal para los usuarios de la moneda, quienes se verán sujetos al pago tanto de impuestos sobre las ganancias de capital (un 25% en Alemania) como sobre las ventas. Pese a esta primera declaración, aún no han especificado cómo pretenden imponer este cobro, una tarea que no se presenta como fácil de resolver.
Al ser los primeros y únicos en intentar imponer un sistema de tributación, los vacíos legales que se generarían ponen en riesgo el éxito de esta operación. Al igual que sucede con la evasión fiscal, en el momento en que una empresa sujeta a esta moneda traslade su sede a cualquier otro país, quedaría exenta de pagar contribuciones.
El pasado julio, Tailandia ya rechazó la legalidad de el Bitcoin, prohibiendo su uso en comercios dentro del país, así como su envío y recepción del extranjero. De momento, que la singular iniciativa de Alemania se transforme en una revolución virtual o se estanque en un caso aislado dependerá de la respuesta de los demás países de la Unión Europea.
